Y, ¿la democracia de los jóvenes en Colombia?

Las transformaciones sociales per se están inmersas en procesos políticos caracterizados por el liderazgo y acción de determinadas fuerzas sociales. En ese marco, resulta vital inmiscuir a los jóvenes como grupo poblacional generador de esperanza en la sociedad. Así es como, evidentemente, se hace necesario discutir sobre la participación política juvenil y su institucionalización para que, en los cambios societales, la violencia no sea un camino. La participación entendida en el contexto colombiano como "La facultad que tienen todas las personas para intervenir en las decisiones que las afectan." Es decir, "Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político."

El cambio de pensamiento de las nuevas generaciones es un hecho. Para la muestra, la consolidación de movimientos sociales que dignifican el respeto a las mujeres, negritudes, animales, indígenas y diversidad en general, son claras y peculiares reivindicaciones de la modernidad. Se menciona peculiar en la medida que recuerdan la separación de una época porque, sin lugar a duda, hace unos años en Colombia el papel de estas agrupaciones tenía otra connotación.

Ahora bien, se discutió la influencia positiva de los jóvenes y de la política como derecho; sin embargo, no se ha pensado en la participación política de las juventudes. Si bien en los Estados sociales de Derecho, la democracia es la forma de gobierno por excelencia donde hay respeto por los derechos de las personas; en Colombia, está afirmación tiene posibles confrontaciones. Esto, considerando las violaciones frecuentes de los derechos de los jóvenes. Para no ir tan lejos y develar la violación al derecho de participación en la educación, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), la cantidad de matriculados en la universidad ha disminuido en 1,5% y, la tasa de deserción ha subido a un 45%.

Es más, si pensamos en la participación política de las juventudes en la zona rural es preocupante dado a que muchos, lamentablemente, son asesinados por expresarse y por demostrar los valores de la democracia participativa. Entonces, lo que se quiere afirmar es que no hay las garantías que nos protejan a la hora de debatir lo público y cuestionar la composición del Estado y el ejercicio del Gobierno Nacional. Así mismo, ocurre en el área urbana, ejemplificando, la muerte de Dilan Cruz nos recuerda que las protestas sociales como forma de participación política no se han legitimado como institución en nuestro territorio.

Por consiguiente, el mar de sangre generado por la protesta en Colombia demuestra que vivimos en un Estado poco Social de Derecho que evade el compromiso con la institucionalización del derecho a la participación y niega el respeto por la vida. Por ello, con certeza, se puede afirmar que hay un poder de cambio emanado de las juventudes que propone, examina y exige transición hacia nuevas formas de convivencia, pero que, al cuestionar y preguntarse por el statu quo es limitado y obstaculizado.

En síntesis, si bien hay una estructura normativa que da pautas y herramientas como los mecanismos de participación del artículo 103 de la constitución que son los instrumentos de democracia ciudadana, en la realidad no se cumple con ello. Es por tal razón que hay una ruptura en el nexo causal del derecho institucional y la realidad que sigue permitiendo las masacres de jóvenes por expresar su pensamiento diferente al normalizado. En adición, la deficiencia de la educación hace que la participación política no sea un derecho ejercido e institucionalizado en Colombia. En consecuencia, es lamentable lo que pasa en Colombia, entiéndase la metáfora, los jóvenes como semilleros de esperanza dejamos de florecer por la falta de riego de agua. En otras palabras, pareciera que no hay democracia para las juventudes y el reto, entonces, es fortalecer esos escenarios, dar a conocer esas instituciones, motivando y presentando garantías del Estado Social de Derecho.