La democracia colombiana exige respeto por la Constitución, por las instituciones y por la voluntad soberana del pueblo
Bogotá, 7 de julio 2026
La Fundación Colombia 2050 expresa su profunda preocupación por las recientes manifestaciones del señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en las que ha desconocido públicamente la legitimidad de la elección presidencial y la voluntad soberana expresada por millones de colombianos en las urnas, pese a que el proceso electoral culminó conforme a los procedimientos establecidos por la ley, y el Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente la elección presidencial.
Como organización comprometida con el fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad, la participación ciudadana y el Estado de derecho, consideramos que este momento exige una defensa serena, pero firme, de los principios que sustentan el orden constitucional colombiano.
La Constitución Política de 1991 consagró a Colombia como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista. Particularmente que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Esa soberanía se ejerce en los términos previstos por la Constitución, principalmente mediante el sufragio y los mecanismos de participación democrática.
La voluntad popular no pertenece a los gobiernos, ni a los partidos políticos, ni a los candidatos. Pertenece exclusivamente al pueblo colombiano. Ningún gobernante, por importante que sea su investidura, puede sustituir con su criterio personal la decisión adoptada por millones de ciudadanos en ejercicio de su derecho fundamental al voto.
El Presidente de la República no es únicamente un actor político. Es, por mandato del artículo 188 de la Constitución, el símbolo de la unidad nacional y tiene el deber de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos y de asegurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Esa investidura le impone una responsabilidad institucional superior a la de cualquier otro dirigente político.
Por ello, cuando el Presidente de la República desconoce públicamente una elección oficialmente declarada, sin que exista una decisión judicial que la invalide, no solo controvierte un resultado político: pone en tensión uno de los fundamentos esenciales de toda democracia constitucional, que consiste en aceptar que las controversias electorales deben resolverse exclusivamente por las vías previstas en el Estado de derecho.
La confianza ciudadana en las instituciones electorales constituye uno de los bienes más valiosos de cualquier democracia. Esa confianza se construye durante años mediante elecciones periódicas, autoridades imparciales, observación nacional e internacional, mecanismos de auditoría y controles judiciales. Puede, sin embargo, debilitarse rápidamente cuando desde las más altas responsabilidades del Estado se transmite a la ciudadanía el mensaje de que la voluntad popular, expresada conforme a la Constitución y certificada por las autoridades de la República, puede ser desconocida por razones de cualquier índole ajenas al orden jurídico.
Por ello, la Fundación Colombia 2050 hace un firme llamado al señor Presidente Gustavo Petro para que, en cumplimiento del juramento que prestó al asumir la Presidencia de la República, respete plenamente la Constitución Política, las decisiones de las autoridades electorales y la voluntad soberana del pueblo colombiano expresada en las urnas.
Hacemos igualmente un llamado a todos los dirigentes políticos, a las instituciones públicas, a la sociedad civil y a la ciudadanía para rodear a las autoridades de la República y defender el Estado de derecho. Las instituciones democráticas pueden ser objeto de crítica, de vigilancia y de control; pero nunca de deslegitimación sin fundamento suficiente, pues de su credibilidad depende la estabilidad de la República y la vigencia efectiva de la democracia constitucional.
La Fundación Colombia 2050 reitera que la defensa de la Constitución no admite excepciones ni depende de la identidad de quien resulte elegido. La soberanía popular, libremente expresada y oficialmente declarada por las autoridades competentes, constituye el fundamento mismo de nuestro orden constitucional. Respetarla es un deber jurídico, un imperativo democrático y una responsabilidad ética que obliga por igual a gobernantes, partidos políticos, servidores públicos y ciudadanos.
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Director General
FUNDACIÓN COLOMBIA 2050